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Hambriento por la justicia: tribunales corruptos en Panam‡ deniegan a los ni–os empobrecidos 50 millones de d—lares en herencia

            Cada tres d’as, por lo menos un ni–o paname–o muere de desnutrici—n. En junio de 2006, sin embargo, un rayo de esperanza surgi— para estos ni–os tomando la forma de un expatriado estadounidense multimillonario, Wilson Charles Lucom. Lucom muri— en Panam‡ a los ochenta y ocho a–os de edad, y dej— instrucciones en su testamento para que la mayor parte de sus ahorros se deleguen a una fundaci—n destinada a aliviar el hambre y la pobreza de los j—venes de Panam‡. Sea por empat’a genuina o rencor familiar (Lucom no hab’a sido un fil‡ntropo durante su vida y dej— relativamente poco a su esposa), su legado dar’a $50 millones a los ni–os pobres de Panam‡.

            Lucom confi— a Richard S. Lehman, un abogado muy respetado de Florida y su amigo por mucho tiempo, la responsabilidad de ejecutar su testamento. A primera vista, esto era una tarea sencilla, dada que la solicitud de Lucom parec’a bastante expl’cita. Cuatro a–os despuŽs, sin embargo, a pesar de los esfuerzos heroicos de Lehman para ejecutar el testamento, los fondos no se han distribuido a los beneficiarios designados y, por culpa de la familia Arias con su poder pol’tico y el cuerpo judicial paname–o corrupto, los ni–os pobres de Panam‡ siguen sin ver un centavo de su herencia.

            La eficacia de los esfuerzos de la familia Arias para impedir que Lehman cumpla con sus objetivos como ejecutor de la herencia sugiere que hay grados diferentes de justicia disponibles a los paname–os segśn su nivel pol’tico y social. Si bien Panam‡ ha mejorado ciertos aspectos de sus instituciones representativas, ser’a un error exagerar este punto. El estado turbio del testamento de Lucom alude a un sistema judicial anacr—nico y oscuro con una estructura muy propensa a manipulaciones pol’ticas y que permite sobornos y los compromisos de pago.

Las deficiencias estructurales

            Para entender el dilema legal que ha sucedido en los śltimos cuatro a–os, es importante evaluar la estructura anormal del sistema judicial paname–o. La judicatura se compone de una Corte Suprema, cuatro tribunales superiores, dieciocho tribunales de circuito y al menos un tribunal municipal por distrito. Nueve magistrados de la Corte Suprema, as’ como sus nueve suplentes, son nombrados por el presidente por un per’odo de diez a–os, pendiente la aprobaci—n de la Asamblea Legislativa. A diferencia de muchos otros sistemas en el hemisferio occidental, en Panam‡, los magistrados de la Corte Suprema son responsables por nombrar a los jueces del Tribunal Superior que, a su vez, nombran a los jueces de los tribunales de circuito.

            Aunque el sistema legal es, en teor’a, constitucionalmente independiente, este mŽtodo jer‡rquico de nombramiento causa que el sistema sea especialmente propenso a la corrupci—n, una susceptibilidad que se agrava por la autonom’a relativa que se ofrece a los jueces en todos los niveles. Panam‡ opera dentro de un sistema inquisitorial diferente al sistema acusatorio que se usa en los Estados Unidos. En el sistema acusatorio, se espera que los jueces sean s—lo ‡rbitros imparciales del caso, mientras que en los tribunales de Panam‡, los jueces se reservan amplia latitud para determinar como se debe investigar un caso. Los jueces pueden asociarse libremente con los representantes legales de un litigante fuera de la sala, lo cual aumenta la probabilidad de que caigan en una relaci—n poco profesional y que desarrollen una percepci—n contaminada de los hechos de un caso particular.

Una historia alarmante

            Teniendo en cuenta su estructura, no es sorprendente que por casi toda su historia moderna, la judicatura paname–a se ha demostrado mala conducta, desde algunos nombramientos cuestionables a actuaciones judiciales Ňfijas.Ó Por dŽcadas, se asumi— que el soborno y la extorsi—n se practicaran endŽmicamente a fin de lograr un resultado judicial espec’fico. S—lo en los śltimos a–os la atenci—n aumentada de los —rganos civiles y las organizaciones internacionales ha sacado a la luz una serie de pr‡cticas judiciales alarmantes que eran comunes en Panam‡. En 2002, dos legisladores supuestamente aceptaron altas sumas de dinero a cambio de confirmar el nombramiento de dos magistrados prospectivos a la Corte Suprema. En respuesta a mucha evidencia de soborno y el chantaje en el caso, el Ministerio Pśblico del pa’s abri— una investigaci—n sobre el caso; sin embargo, en śltima instancia, el Tribunal declar— nula la reclamaci—n y el caso nunca se escuch— por completo.

            En 2005, otro caso se resolvi— de una manera similar. En este caso, un magistrado de la Corte Suprema acus— a tres de sus colegas de favorecer descaradamente a los narcotraficantes, refiriŽndose a seis casos distintos en los que hab’a observado el trato preferencial por estos miembros de la Corte. A pesar de evidencia extensa que indicaba la validez de esta afirmaci—n y la rescisi—n de las visas EE.UU. de dos de los jueces por la Embajada de los EE.UU., el caso no se continu—.

            En general, la primera mitad de esta dŽcada fue un per’odo de depravaci—n desenfrenada y por el fin de 2005, la desilusi—n y la desconfianza hacia el gobierno y su Corte estaban a su punto m‡ximo entre la poblaci—n. Segśn el ęndice de Percepci—n de la Corrupci—n, una encuesta de Transparencia Internacional que clasifica a los pa’ses de lo menos a lo m‡s corrupto basado en la percepci—n pśblica, Panam‡ se clasific— nśmero 65 en el mundo. Adem‡s, segśn el Bar—metro Global de la Corrupci—n, el poder judicial recibi— una calificaci—n de 4,5 de los ciudadanos paname–os, con "uno" indicando "no corrupto en absoluto" y "5" indicando "extremadamente corrupto". Los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial - los cuales definen el imperio de la ley como "el grado al que los agentes tienen confianza y cumplen con las normas de la sociedad y, en particular, con la calidad de la ejecuci—n de los contratos, la polic’a y los tribunales, as’ como la probabilidad de la delincuencia o la violencia"- Panam‡ se clasifica en la 50 percentil. A partir de 2005, la poblaci—n civil ya estaba muy conciente de las pr‡cticas enga–osas que afligen a la judicatura de su pa’s, pero los intentos posteriores de reforma han puesto en evidencia la dificultad de superar estas pr‡cticas fraudulentas.

DŽbiles intentos de reforma

            En respuesta a estos y muchos otros casos de vicio judicial, un movimiento se puso en marcha con el objetivo de reformar a la judicatura con el intento de hacerla m‡s transparente. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, la cual consiste de por los menos veinte organizaciones civiles de Panam‡, junto con la Fundaci—n del Debido Proceso Legal, ejerci— gran presi—n sobre el ejecutivo. El entonces presidente Mart’n Torrijos Espino trat— de resolver la situaci—n empeoramiento por establecer la Comisi—n de Estado por la Justicia, un comitŽ gubernamental y ciudadano con el intento de revisar el sistema judicial. El grupo ten’a objetivos ambiciosos, incluyendo el desarrollo del Pacto de Estado por la Justicia para mejorar el acceso irrestricto al sistema legal, aumentar la transparencia, e implementar la reforma estructural. Sus recomendaciones finales incluyeron el establecimiento de un nuevo procedimiento para elegir los jueces de la Corte Suprema que incluir’a directamente la ciudadan’a, el otorgamiento de m‡s autoridad al Ministerio Pśblico y la creaci—n de un —rgano administrativo denominado

El Consejo de la Judicatura que supervisar’a los procedimientos judiciales y que impondr’a una adhesi—n a la ley. Por desgracia, ninguna de estas propuestas se llevaron a cabo por Torrijos.

Una falta de progreso sustantivo

            Desde la Comisi—n de Torrijos, poco se ha hecho a nivel pol’tico para combatir la conducta impropia judicial. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, mientras continua su presi—n por la reforma, no ha podido lograr ningśn resultado concreto. El 23 de marzo de 2010, representantes de la Alianza se dirigieron a la Comisi—n Interamericana de Derechos Humanos con respeto a la condici—n preocupante de los tribunales paname–os. Mientras tanto, las estad’sticas tambiŽn indican que poco ha mejorado. Panam‡ ahora ocupa el nśmero 84 en el ęndice de Percepci—n de la Corrupci—n, cayendo diecinueve lugares desde el a–o 2005. Por otra parte, la judicatura actualmente recibe un 4,4 de los ciudadanos en el Bar—metro Global de la Corrupci—n, lo cual refleja una mejora insignificante. Por śltimo, en relaci—n con el respeto del imperio de la ley, Panam‡ se mantiene en el percentil 50 segśn Worldwide Governance Indicators. Informes por la Fundaci—n del Debido Proceso Legal y la Alianza Ciudadana Pro Justicia sugieren que el sistema judicial de Panam‡ todav’a est‡ afligido por las interferencias del ejecutivo. TambiŽn han se–alado la incapacidad del poder judicial, tanto para cumplir las normas del debido proceso como se estipula por la Comisi—n Interamericana de Derechos Humanos y para establecer un transparente, robusto proceso de selecci—n de jueces para la Corte Suprema.

 

Cuando hay voluntad ...

            En el contexto de los defectos del sistema judicial paname–o y su legado de un procedimiento viciado, la amplitud de los abusos de derechos que se experimentaron por Richard Lehman no debe ser sorprendente. Cuando Lehman empez— la tarea de llevar a cabo los deseos finales de Lucom, Žl sab’a que los tribunales de Panam‡ eran corruptos, pero no consider— que la ejecuci—n del testimonio le costar’a millones de d—lares de sus fondos propios, as’ como poner en peligro sus derechos, su reputaci—n, su seguridad personal, y el futuro de su firma legal. La voluntad de Lehman de no abandonar la causa de su amigo refleja su tenacidad al reconocer el destino de miles de ni–os paname–os esperando los $50 millones en fondos beneficiarios del testimonio.

            Los obst‡culos para la ejecuci—n del testimonio comenzaron a aparecer casi de inmediato. Hilda, la viuda de Lucom, estuvo casada antes con Gilberto Arias, con quien tuvo cinco hijos. La familia Arias ha producido dos de los ex presidentes del pa’s y dos de los hijos de Hilda aśn mantienen posiciones de eminencia pol’tica. La familia tambiŽn es propietaria de un prominente diario paname–o El Panam‡ AmŽrica. El śltimo acto caritativo de Lucom, si bien noble, tambiŽn permitir’a que una gran cantidad de dinero caiga en manos de esta familia poderosa. Sin duda, la familia Arias no se rendir‡ sin una lucha.

 

 

 

El dinero sobre la moral

            Aunque Lucom muri— un hombre muy rico, ante el asombro de su familia y amigos, dej— muy poco a su esposa y sus hijos de un matrimonio anterior. Para su esposa, Lucom dej— su casa grande junto con $ 240.000 al a–o-una suma relativamente modesta en comparaci—n con los $ 50 millones que hab’a donado a la caridad. Dej— s—lo $ 50.000 a cada uno de sus hijastros. El 18 de agosto de 2006, no mucho despuŽs de que Lehman se involucr— con el caso, la Sra. Lucom present— una denuncia para que se anule la herencia, a pesar de su propia avanzada edad y el hecho de que ella estaba sufriendo de la enfermedad de Parkinson. Aunque la se–ora Lucom aparenta ser la l’der de la batalla legal, su mal estado f’sico y estado mental sugieren que el impulso para eliminar a Lehman del caso, segśn rumores que circulan desenfrenados en Ciudad de Panam‡, fue encabezado por una coalici—n de cinco hijos de Hilda y su abogado HŽctor Infante.

            El testamento de Lucom qued— bajo la jurisdicci—n de un subpanel de tres jueces de la Corte Suprema, dos de los cuales, como Infante, se afilian a los partidos tradicionales que gobiernan el pa’s, el Partido Revolucionario Democr‡tico (PRD). Uno de los jueces, el Jefe Justicia de 2009, Harley Mitchell, se reun’a con Infante para tener almuerzos privados. "Les garantizo, este caso se decidir‡ por el poder y el dinero, no por la ley", dijo Lehman en una entrevista personal con COHA, un tiempo anterior durante el caso. Efectivamente, los individuos bien informados sobre el caso han revelado a COHA casi por unanimidad que tienen pocas dudas que las subvenciones de bajo la mesa ocurran con regularidad para as’ garantizar el Žxito de los opositores del testamento. El d’a de hoy, el dinero est‡ pasando por las manos de todos, con excepci—n de los que lo merecen m‡s: en este caso, los ni–os pobres de Panam‡.

Atrapado en litigios

            Con varios miembros del sistema judicial ya tener v’nculos amables con Infante, la justicia paname–a ha perseguido Lehman sin descanso. Desde que se hizo la albacea del testamento, Lehman se ha enfrentado a m‡s de trece cargos criminales artificial. El 11 de septiembre de 2006, el bufete de abogados de Infante acus— pśblicamente Lehman por el asesinato de Lucom. Sin embargo, tan pronto como el caso lleg— a los tribunales superiores, la denuncia fue declarada "sin fundamento", y la reclamaci—n se anul—.

            "Trataron de asustarme, ahuyentarme, deshacerme en todo lo que pod’an", recuerda Lehman. De hecho, poco despuŽs de ser absuelto de la acusaci—n de asesinato, Lehman se encontr— con una avalancha de falsas acusaciones que van desde las reclamaciones de robo y la formaci—n de pandillas a la extorsi—n y la difamaci—n. Adem‡s, las autoridades paname–as presentaron una "alerta roja" de INTERPOL que clasificaba a Lehman como un terrorista y ped’a su detenci—n en m‡s de 180 pa’ses. Aunque todas de estas acusaciones carecen de legitimidad y finalmente fueron despedidos por los tribunales paname–os, cada uno requiso una amplia acci—n legal por Lehman que agot— su tiempo y fondos.

            Esta serie de acusaciones fallidas que fueron distribuidas sin inhibici—n por las personas cercanas a la familia Arias creado una enmara–ada red que efectivamente atrap— Lehman en un ciclo de litigaci—n interminable, y le impidi— seguir adelante con la realizaci—n de las estipulaciones del testamento. Lehman se arrest— falsamente en varias ocasiones, y, m‡s de una vez, se le neg— injustamente el derecho a viajar dentro o fuera de Panam‡. Las acusaciones, incluso despuŽs de haber sido despedidas, mantiene renovaci—n del firme, y Lehman varias veces (aunque sin Žxito) hizo una llamada a los tribunales con la esperanza de sofocar estas acciones jur’dica destinada a perder el tiempo. La ley paname–a dice que una petici—n de h‡beas corpus tiene que ser resuelta en un plazo de cuarenta y ocho horas, pero la petici—n de Lehman, que lleg— en respuesta a su exilio sancionado por el tribunal de Panam‡, no fue decidida por el juez Mitchell por m‡s de once meses. Durante este largo per’odo de tiempo, Lehman carec’a de acceso a los tribunales, algo que era fundamental para avanzar el caso.

            La corrupci—n del proceso seguido Lehman a los Estados Unidos, donde tres de las sentencias falsas se presentaron a los tribunales de Florida como leg’timas. Puesto que contaba con sentencias fraudulentas emitidas en Panam‡, la corte testamentaria del Contado de Palm Beach err—neamente despojado de su t’tulo de albacea. S—lo en las śltimas semanas ha sido Lehman capaz de probar que las acusaciones contra Žl en Panam‡ ya se hab’a negado y que deb’a se reinstala como albacea. En la actualidad, Lehman todav’a tiene que explicar a los tribunales de la Florida por quŽ se utiliza la cuenta bancaria de su buffet de abogados en Florida banco pagar por muchos de los gastos legales de sus batallas en Panam‡.

Todo queda en la luz

El 6 de marzo de 2009, Lehman present— una petici—n ante la Comisi—n Interamericana de Derechos Humanos que indica la naturaleza de las violaciones formuladas contra Žl durante sus batallas legales en Panam‡. En mśltiples ocasiones, Lehman se le ha negado el derecho a trabajar libremente, el derecho a la libertad personal, la libertad contra la detenci—n arbitraria, la libertad de circulaci—n, el derecho a la tutela judicial, el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad. Todos estos derechos est‡n expresamente definidos en la Declaraci—n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, as’ como el Protocolo Adicional en Materia de Derechos Econ—micos, Sociales y Culturales, ambos de los cuales son reconocidos oficialmente por las autoridades paname–as.

            Richard Lehman ha dicho a los investigadores de COHA que para mantener la presi—n en los tribunales paname–os, est‡ "tratando de involucrar la mayor cantidad de personas para mantenerlo en la luz." Bajo creciente escrutinio internacional, el esc‡ndalo del testamento de Lucom es m‡s susceptible de una soluci—n en el favor de Lehman y los ni–os pobres. Algunas de las numerosas autoridades y organizaciones que Lehman ha puesto en contacto adem‡s de COHA incluyen el Procurador General de Panam‡, el Presidente de Panam‡, la Asamblea Nacional de Representantes, el Consejo para la Transparencia y la Organizaci—n de Estados Americanos. Adem‡s, el 31 de marzo de 2010, Lehman irrevocablemente comprometido los fondos de la Fundaci—n Lucom a una organizaci—n benŽfica cat—lica, as’ como a un ministerio del gobierno paname–o. Aunque llegar a estos distintos grupos y personas oficiales ha ayudado a aumentar la exposici—n, aśn no ha tenido necesariamente un efecto tangible en el resultado del caso.

            Pero la campa–a de publicidad en torno al testamento ha estado plagada de obst‡culos. Una operaci—n de medios de comunicaci—n internacionales se puso en marcha que difam— Lehman y otras personas involucradas en la promoci—n del derecho de Lucom de invertir las ganancias de su vida en la forma que Žl considere conveniente. Algunos de los abogados y defensores que trabajan con Lehman han experimentado obst‡culos legales y amenazas como consecuencia de su afiliaci—n con el caso. Puesto que no todas las v’ctimas ten’an acceso al tipo de fondo jur’dico sofisticado y los recursos financieros disponibles para Lehman, muchos de ellos se derrumbaron bajo la presi—n y se desasociaron del caso.

            Uno de los intentos m‡s enŽrgicos para informar al pśblico de las relaciones secretas fue dirigido por un locutor de radio que se llama HŽctor çvila. Para promover el conocimiento de los ni–os que sufren innecesariamente de desnutrici—n, çvila encabez— una marcha al frente de la Corte Suprema de Panam‡. Esta demonstraci—n pac’fica provoc— una respuesta violenta cuando un desconocido le dispar— a çvila y el tiro le atraves— la mand’bula. Milagrosamente, sobrevivi—, pero su historia representa el peligro del entorno en el que estos eventos han estado pasando.

            En su estado actual, "no hay m‡s batallas legales para luchar", dice Lehman, "todo lo que podemos hacer ahora es mantener la luz en este caso y esperar la sentencia." Aunque Žl habla con pasi—n de sus esperanzas de encontrar finalmente la justicia, es claro que cuatro a–os ha pasado factura. Lehman ha dicho su historia muchas veces, alzando la voz contra el arsenal formidable de todo un sistema legal de malhechores que est‡n trabajando suprimirla. A pesar del hecho que se ha cansado de los mśltiples retos que enfrenta, su conciencia de cada ni–o paname–o que muere de hambre lo mantiene muy motivado. Lehman tiene un optimismo cauto que en el futuro podr’a referirse a los ni–os paname–os no por la tasa en la que mueren, sino por el efecto positivo y tremendo la donaci—n del Sr. Lucom tendr‡ en sus vidas.

Reformas Necesarias

            El caso de Wilson Lucom ha expuesto muchos defectos inherentes dentro el sistema judicial paname–o, pero sigue siendo un punto de controversia en cuanto a quŽ reformas espec’ficas deben aplicarse para acelerar la extirpaci—n de la corrupci—n judicial. Dicho esto, la mayor’a est‡n de acuerdo en que la mejora del sistema empieza con la que se nombra a los individuos m‡s calificados para posiciones jur’dicas. El procedimiento actual es jer‡rquico y los nombramientos judiciales hace ascenso al m‡s alto tribunal depende de "hacer bien" con los del rango inmediatamente superior. En el sistema actual, magistrados de la Corte Suprema a menudo son simplemente viejos amigos o ayudantes superiores del Presidente, y los jueces de los tribunales superiores frecuentemente tienen que tener relaciones privadas con sus superiores en el alto tribunal con para sobrevivir en sus posiciones. El desarrollo de un proceso m‡s transparente de seleccionar jueces limitar’a la probabilidad que un individuo fuera nombrado por el mero hecho de sus enlaces pol’ticos a los tiburones. Un enfoque a largo plazo se debe tomar que mejor se incorporar’an figuras jur’dicas eminentes as’ como ciudadanos particulares en el proceso de selecci—n.

            Un sistema m‡s participativo y transparente para seleccionar los jueces tambiŽn persuadir’a la judicatura que es independiente constitucionalmente a funcionar en una manera semiaut—noma. El poder del ejecutivo para nombrar a magistrados de la Corte Suprema ha reducido el poder judicial a un brazo casi tutelar de un gobierno federal cada vez m‡s centralizado. Los nombrados a la Corte Suprema son, a menudo, miembros del mismo partido pol’tico como el presidente, tentando a los ejecutivos y los magistrados judiciales a formar una relaci—n de beneficio mutuo y privado que s—lo puede sostenerse a costa de la ejecuci—n imparcial de la ley. Este tipo de relaci—n se ejemplifica en el caso de Lucom, en el que dos de los tres jueces de la Corte Suprema que hab’an presidido el caso, tambiŽn estaban del PRD del Presidente Torrijos.

            Igualmente importante es el papel actual de los jueces segśn lo estipulado en la Constituci—n. La Constituci—n paname–a otorga amplia latitud a los jueces para determinar la forma de investigar y decidir sobre un caso particular. A diferencia de los Estados Unidos, donde el contacto entre los abogados y los jueces est‡ oficialmente limitada a la sala tribunal, Lehman ha citado una serie de casos en los que la Justicia Harley Mitchell almorz— con Infante. La conducta inmoral posterior de Mitchell en el caso, incluyendo su aplazamiento ilegal de la emisi—n de una decisi—n sobre el h‡beas corpus de Lehman, implica que Mitchell prev’o su rol como mucho m‡s expansivo y tendencioso que lo de un ‡rbitro imparcial. Si bien la relaci—n de Mitchell con Infante plantea preguntas genuinas de profesionalismo, no es ilegal bajo las reglas ambiguas de un sistema inquisitorial. Lehman, al igual que muchos abogados y juristas familiarizados con el sistema judicial paname–o, cree que la transici—n a un sistema acusatorio podr’a reducir este tipo de relaciones impropias, y por lo tanto contribuir a proveer una soluci—n duradera a la corrupci—n sistŽmica.

Las perspectivas actuales para el cambio

            Aunque la Alianza Ciudadana Pro Justicia y muchas otras organizaciones le han suplicado a las autoridades paname–as y algunas organizaciones de derechos humanos para transformar agresivamente su sistema judicial, hay pocas razones para confiar en que un cambio significativo vaya suceder pronto. Desde que el presidente Ricardo Martinelli Berrocal asumi— el cargo en el julio pasado, ha hecho mśltiples promesas de mejorar la judicatura. Como explica La Prensa, un peri—dico del pa’s, en previsi—n de los nombramientos de diciembre pasado, Martinelli crey— un nuevo proceso de selecci—n participativa para iluminar un procedimiento previamente oscuro y escondido. Al pedir a los ciudadanos presentar solicitudes con el fin de llenar las vacantes judiciales, Martinelli excedi— sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, segśn Panama News, un peri—dico que se publica en inglŽs, Martinelli reneg— r‡pidamente de su promesa de infundir una mayor transparencia en el proceso; al contrario, Žl nombr— a una cohorte de abogados y compinches administrativas a las posiciones judiciales, muchas de las cuales tienen problemas personales del pasado.

            Mientras Martinelli hizo un esfuerzo concertado en los primeros meses de su presidencia para exudar un sentido de respeto por las instituciones de la democracia representativa, as’ como una intolerancia ferviente a la corrupci—n, su estilo duro de gobernar desde entonces ha sido expuesto como un mŽtodo para ocultar un programa autoritario para centralizar aśn m‡s el poder ejecutivo. Las citas de Martinelli sugieren desprecio por las instituciones democr‡ticas y son un insulto a los que hab’an participado en su procedimiento putativo de selecci—n abierta. Es posible tambiŽn que las citas no fueran legales. Segśn el art’culo 203 de la Secci—n 2 de la Constituci—n, "nadie podr‡ ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ejerce o ha ejercido una posici—n de autoridad y jurisdicci—n en el Ejecutivo durante el per’odo constitucional en curso." A medida que la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha se–alado en una apelaci—n legal, JosŽ Abel Almengor, un de los magistrados que Martinelli nomin— a la Corte, hab’a sido nombrado por el Presidente para ser Secretario de Seguridad s—lo unos meses antes. A pesar de lo que parece ser una transgresi—n legal palpable, La Prensa especula que Almengor y los otros candidatos aprobados legislativamente asumir‡n sus cargos debido a la ambigźedad inherente de la ley. Independientemente del destino de estos nombramientos, es evidente que el poder judicial de Panam‡ necesita la reforma estructural a gran escala que, con base en el historial de Martinelli hasta el momento, no parece estar en el futuro pr—ximo del pa’s.

Los derechos humanos en crisis

             "Una cultura se ha creado en Panam‡ que es tan peligroso que se extiende dominar aśn algunos de los buenos abogados", explica Lehman. "La gente tiene tanto miedo de su propio sistema de justicia que lo aceptan tal como es." La capacidad de buscar la justicia es la columna vertebral de toda sociedad sana; cuando la justicia est‡ ausente, se fracasa todo el sistema pol’tico. Los ciudadanos paname–os tienen una serie de derechos consagrados que se figuran en los documentos como la Declaraci—n Americana sobre los Derechos del Hombre, la Convenci—n Americana sobre Derechos Humanos, as’ como en su propia constituci—n. Sin el respaldo de una pr‡ctica de principio del imperio de la ley, estos derechos son nada m‡s que las palabras en un pedazo de papel.

            Por desgracia, el sistema judicial en Panam‡ parece ser parcial a las fuerzas pol’ticas empe–adas en debilitar la justicia y erosionar su integridad moral. Como demuestra el caso de Lehman, el logro de la justicia se ha convertido en una costosa batalla en lugar de un objetivo comśn asumido. Los ni–os pobres de Panam‡ tienen suerte en que Lehman, actuando como un palad’n de su causa, posee el tiempo, la capacidad, y los recursos financieros para movilizar suficiente presi—n pśblica para luchar contra la corrupci—n que contamina el caso; la mayor’a no tienen estas ventajas. Si la Corte Suprema se niega a pronunciarse sobre el caso de Lucom mientras los ni–os mueren innecesariamente, la corrupci—n seguir‡ triunfar, y los derechos humanos en Panam‡ permanecen en gran peligro.